La neutralidad es una coartada. En psicología, en política y en comunicación, fingirla no nos coloca al margen del conflicto: nos alinea con el orden existente.

Vivimos tiempos de consignas rápidas y respuestas prefabricadas. A lo largo de este año, desde La Escandalera, hemos tratado de señalar que ni la psicología, ni la política, ni la comunicación son prácticas neutras. Toda intervención (organizativa o clínica, institucional o discursiva) se inscribe en un marco de poder, de valores y de supuestos teóricos que condicionan tanto lo que vemos como lo que decidimos ignorar.

Pierre Bourdieu señaló cómo el poder simbólico opera incluso cuando no se reconoce como tal, y Foucault mostró que allí donde se produce conocimiento se produce también una forma o manera determinada de gobernar la realidad: clasificando, normalizando y delimitando el discurso, lo decible y lo pensable. La neutralidad no existe y fingirla no nos sitúa fuera del conflicto sino todo lo contrario: nos alinea, casi siempre, del lado del orden existente.

Una parte significativa de la psicología contemporánea ha optado por un enfoque excesivamente individualista, centrado en el sujeto aislado, despojado de historia, de clase, de identidad y de conflicto social. Este reduccionismo no es inocente: las derechas y las corrientes neoliberales lo adoptan y lo promueven porque, a través de esta lectura simplificada, los problemas estructurales se transforman en déficits personales y los sufrimientos políticos en disfunciones privadas. De este modo, tanto el éxito como el fracaso pasan a interpretarse como resultados exclusivamente individuales donde el mérito se privatiza, el fracaso se moraliza y la desigualdad se naturaliza. El oprimido carga así con la responsabilidad de su propia precariedad, mientras quienes se benefician de las relaciones de dominación quedan simbólicamente eximidos de toda culpa. No es solo una forma de invisibilización del poder, sino una auténtica revictimización, que convierte la injusticia social en un fallo personal y protege a quienes se aprovechan de ella.

La psicología social lleva décadas advirtiendo de ello. Desde la teoría de la identidad social de Tajfel hasta los estudios sobre sesgos cognitivos de Kahneman, sabemos que la conducta humana está profundamente mediada por el contexto, por los marcos interpretativos y por las relaciones de pertenencia y exclusión y es por eso que cuando la psicología renuncia a pensar la sociedad, termina legitimando sus patologías.

Esta dialéctica se traslada al ámbito político y se reproduce una tensión paralela. Aflora por un lado, el moralismo ingenuo, que confunde la superioridad ética con la eficacia política y por otro, el cinismo tecnocrático, que reduce la política a gestión, marketing o mera administración de lo inevitable. Ambas posiciones son estériles. Weber ya señalaba que la acción política exige convivir con la tensión entre ética de la convicción y ética de la responsabilidad y Chantal Mouffe insistió en que el conflicto no es un fallo de la democracia, sino su condición de posibilidad.

Especialmente en la política local (donde las decisiones tienen un impacto directo y visible) esta tensión no puede eludirse. Gobernar o hacer oposición no es aplicar manuales, sino interpretar contextos, asumir riesgos y producir sentido colectivo.

La comunicación no se limita a transmitir información: define qué es relevante, qué es problemático y qué parece posible. Los marcos cognitivos estructuran la percepción pública mucho antes de que aparezca cualquier debate racional. Es por ello que reducir la comunicación política o institucional a “técnicas” es un error conceptual. Comunicar es siempre un acto político. La cuestión no es si influimos, sino cómo y para qué.

Desde esta perspectiva, el marketing y la comunicación organizativa sólo son legítimos cuando se orientan a articular proyectos comprensibles y compartidos, no cuando se limitan a maquillar o justificar decisiones opacas, vacías o contrarias a nuestro pensamiento e intereses.

Este año, en La Escandalera, todos nosotros, lectores y militantes de pensamiento, voz y pluma, hemos hecho una defensa sostenida explícita y ejercicio claro del pensamiento crítico. No desde la perspectiva de quienes asienten desde la neutralidad, ni como pose intelectual, ni como negación sistemática, sino como práctica rigurosa y responsable. Pensar críticamente nos permite abordar la realidad y afrontar el cambio al que aspiramos con argumentos fundamentados, no con eslóganes, reconociendo los límites del conocimiento del que disponemos, aceptando el desacuerdo como motor, no como amenaza y desconfiando del dogma y los hiperliderazgos de corte monoteísta que prometen certezas absolutas y nos arrojan al margen de un relativismo cómodo.

Popper nos recuerda que el conocimiento avanza no por acumulación acrítica, sino por contraste y refutación. Esta idea sigue siendo, y más aún en política, radicalmente actual y esencial.

Por todo ello, nuestra intención no ha sido, ni será, la de clausurar debates, sino ordenarlos, sin perseguir unanimidad u obediencia, sino claridad; sin aspirar ni reclamar pureza ideológica alguna, sino coherencia política e intelectual y responsabilidad práctica. Pensar es un acto político pero intervenir políticamente sin pensar también lo es.

En un contexto político saturado de ruido, defender la complejidad, el análisis y el compromiso informado no es un lujo académico: es una necesidad democrática que todos debemos exigir, sostener y defender.