La igualdad no se alcanza tratando a todos por igual, sino reconociendo las diferencias desde el origen

John Rawls está considerado como uno de los filósofos políticos más influyentes de nuestra época. Su pensamiento gira en torno a la construcción de una sociedad justa a partir de principios de justicia objetivos e imparciales que garanticen la igualdad, la libertad y las máximas oportunidades para los menos favorecidos.

Rawls planteó que una sociedad justa debe asentarse sobre tres pilares: la garantía de un sistema igualitario de libertades básicas para todas las personas; la igualdad de oportunidades como condición indispensable para que el origen social no determine el destino vital; y el llamado principio de la diferencia, que admite desigualdades solo si benefician a los menos favorecidos. Para asegurar la imparcialidad de estos criterios, Rawls propuso imaginar que los elaboramos bajo un “velo de ignorancia”, es decir, las personas deben elegir los principios de justicia para una sociedad, sin conocer su propia posición en ella: estatus social, riqueza, talentos, religión, género ni proyectos vitales.

Paralelamente, Amartya Sen (Premio Princesa de Asturias) desde sus estudios sobre el desarrollo humano que discurren en paralelo a la economía del bienestar, manifiesta que la igualdad sólo tiene sentido si se mide en capacidades reales para vivir una vida digna, o lo que es lo mismo dar lo mismo a todos no garantiza las mismas oportunidades si no se corrigen primero las desigualdades de origen.

En el debate público, la igualdad es una bandera irrenunciable para las dos orillas del espectro político que presumen de base democrática. Es el principio que garantiza que todas las personas son iguales ante la ley y deben recibir el mismo trato sin importar su origen, género, religión o condición social.

El problema surge cuando ese ideal de igualdad formal, en su puesta en práctica, se enfrenta a realidades de base y origen profundamente desiguales. No todos partimos de las mismas condiciones. Quien nace en una familia con recursos económicos, capital cultural y redes de apoyo cuenta con más ventajas de manera intrínseca que quien nace en la pobreza; y sobre esta base limitarse a ofrecer lo mismo para todos equivale, en la práctica, a perpetuar la desigualdad.

Y es en este punto donde surge la primera discrepancia entre izquierda y derecha, que diferenciará unas políticas de otras a la hora de lograr el ideal de igualdad sobre el que una amplia mayoría tiene consenso.

La equidad supone dar a cada persona lo que necesita para alcanzar las mismas oportunidades reales. La equidad reconoce que existen desigualdades de origen y busca corregirlas mediante políticas activas. La equidad es tratar a cada quien según sus necesidades para garantizar un horizonte común de justicia.

Son las políticas que se realizan bajo el prisma de la equidad las que permiten que la igualdad formal se convierta en igualdad real. Por ejemplo las becas y ayudas educativas garantizan que un estudiante con menos recursos tenga las mismas oportunidades que otro de familia acomodada; las cuotas de representación abren espacio a mujeres o colectivos históricamente discriminados en ámbitos de poder; los impuestos progresivos redistribuyen la riqueza para financiar servicios públicos universales de calidad; garantizar la atención sanitaria y social llega a todo el mundo al reforzarse en barrios y comunidades con mayores carencias.

Una política que se aplica ignorando estas diferencias, no construye igualdad, perpetúa el privilegio y la injusticia.

Es por todo lo anterior que cuando desde las filas progresistas se proponen medidas que bajo el ideal de la igualdad, dan a todos lo mismo, sin tener en cuenta las desigualdades de origen, lo que en realidad se propone y se logra es el mantenimiento de los privilegios y las ventajas de quienes ya los ostentan.

El proyecto progresista y sus medidas políticas deben ir más allá del trampantojo de la igualdad llana y formal. La verdadera igualdad se conquista solo desde la equidad.