La actividad sin dirección estratégica ni relato político no disputa poder: se limita a ocupar tiempo y espacio.

Una oposición no se mide solo por su presencia institucional ni por el volumen de iniciativas registradas. Su función política es más exigente: fiscalizar al gobierno, visibilizar los conflictos sociales que atraviesan la ciudad, articular una alternativa reconocible de modelo urbano y construir un relato capaz de interpelar a mayorías sociales concretas. No basta con estar ni con hacer; es imprescindible dotar de sentido político a la acción y orientarla hacia un proyecto de ciudad distinto.

Cuando llega el momento de rendir cuentas ante la militancia y los que depositaron su confianza en un proyecto a través del voto, por lo general, cualquier balance muestra un cumplimiento razonable de las dos primeras funciones. La fiscalización siempre suele ser intensa, constante y técnicamente solvente, y la presencia en conflictos concretos y en iniciativas ciudadanas suele ser real y a pesar de la dimensión subjetiva que pueda tener, eso no está en discusión.

Lamentablemente, sin embargo, un determinado balance que se justifica solo en estos términos deja en un segundo plano, o directamente ausentes, las otras dos funciones que son sobre las que articula de manera sólida la estrategia que permite pasar de la oposición al gobierno: la construcción de una alternativa reconocible y la articulación de un relato político capaz de ordenar prioridades y generar identificación social. Conviene ser conscientes de que la evidencia muestra que la acumulación de iniciativas, preguntas, comparecencias y gestos públicos no se traduce, por sí sola, en hegemonía política ni en el reconocimiento ciudadano de un proyecto de ciudad distinto al existente.

El resultado, cuando se dan estos casos, es una oposición muy activa, pero estratégicamente dispersa. La cantidad no construye relato. A la estrategia y le falta jerarquía, un hilo conductor y una narrativa que conecte cada intervención concreta con una visión global y progresista de la ciudad. Sin ese marco, el esfuerzo se diluye y la acción política pierde capacidad transformadora, por mucho que aumente su intensidad o su visibilidad.

Cuando el discurso político se formula en abstracto, en términos generales, y se dirige de manera reiterada, por ejemplo, a “los ovetenses”, pero rara vez concreta a qué grupos sociales se interpela ni qué intereses están en juego, la acción política pierde capacidad de identificación y se renuncia a construir vínculos sociales reconocibles. Y cuando hablamos de grupos sociales no nos referimos a categorías ideológicas anacrónicas, sino a realidades materiales muy concretas: personas y estudiantes expulsados del mercado de la vivienda, familias que viven de alquiler con ingresos ajustados, jóvenes sin posibilidades reales de emancipación, mayores dependientes de servicios públicos debilitados o trabajadores y trabajadoras atrapados en la precariedad cotidiana.

Hoy, en nuestro contexto, las referencias a estos grupos, de aparecer aparecen como colectivos administrativos o demográficos y administrados, no como sujetos sociales insertos en relaciones de desigualdad. Al diluir esta dimensión en los discursos progresistas, la crítica pierde filo político y se desplaza hacia un lenguaje aséptico, técnico o moral, centrado exclusivamente en la fiscalización de la mala gestión más que en la confrontación con los problemas estructurales que configuran la ciudad.

Esta forma de ejercer la oposición, apoyada fundamentalmente en parámetros procedimentales o técnicos, refuerza la sensación de una auditoría permanente: necesaria, puntual pero insuficiente para generar cambio real. Señalar incoherencias, incumplimientos o falta de planificación es imprescindible, pero en ningún caso puede sustituir a una lectura política que explique quién gana y quién pierde con las decisiones del gobierno municipal y, sobre todo, qué modelo alternativo se propone frente a ellas. Sin esa explicitación, la oposición no abandona su rol de auditor, que aplaude cuando las cosas bien parecen y abuchea cuando se hacen mal, alejándose cada vez más de construir y ser una alternativa transformadora.

Con una oposición muy activa, pero poco reconocible como proyecto de ciudad, con suerte, y con un tiempo político que no se tiene, la ciudadanía puede llegar a percibir esfuerzo, presencia y denuncia, pero no a identificar un modelo urbano alternativo al que se le propone desde el gobierno si no se cambia el discurso. Y mientras esa identificación no exista, mientras no se construya un relato claro sobre qué ciudad queremos, para quién y desde qué prioridades, la inercia electoral seguirá beneficiando a quien gobierna, no porque lo haga mejor, sino porque no se percibe una alternativa distinta.

La política en general, también la municipal, se construye en dos planos inseparables: el orgánico y el institucional. Lo orgánico no es un mero soporte administrativo ni un espacio de validación formal de lo ya hecho, sino el ámbito desde el que se define orientación estratégica, se jerarquizan prioridades y se construye coherencia política.

Cuando el plano orgánico deja de cumplir esa función estratégica, comienzan a aparecer una serie de indicadores reconocibles, reiterados y acumulativos. El primero es la hiperactividad sin dirección: una intensa agenda de reuniones, áreas y dinámicas internas que no se traduce en síntesis política ni en decisiones estratégicas claras, sino en dispersión y acumulación de tareas y deriva en agotamiento organizativo. A ello se suma la ausencia de deliberación sustantiva, sustituida en demasiadas ocasiones por la rendición de cuentas descriptiva y el cumplimiento procedimental, sin evaluación política real de resultados ni corrección de inercias. En este marco, la militancia queda reducida a un recurso organizativo que sostiene la actividad y se asigna un papel instrumental donde únicamente se la convoca para sostener la estructura, legitimar formalmente decisiones ya tomadas o acompañar la actividad, pero no para pensar colectivamente la estrategia ni intervenir como sujeto político activo en la definición de prioridades y líneas de acción. Cuando esto ocurre, la organización funciona, pero no orienta; se mueve, pero no decide; acompaña la acción institucional, pero no la corrige ni la dirige y termina por reproducir y amplificar su déficits.

Reforzar el plano orgánico no es una opción ni un debate interno pendiente, sino una condición imprescindible para que la organización deje de reproducir sus propios límites. Sin un espacio orgánico capaz de orientar estratégicamente, de deliberar de verdad y de corregir la acción institucional cuando se desvía o se dispersa, no hay posibilidad real de construir alternativa. La militancia no puede seguir reducida a sostén logístico, audiencia pasiva o legitimación formal de decisiones ya tomadas: o se la reconoce como sujeto político activo, implicado en la definición de prioridades, en la elaboración del relato y en la construcción del proyecto de ciudad, o la organización seguirá funcionando como una maquinaria de actividad sin dirección. Mientras el plano orgánico no asuma esa responsabilidad, los déficits detectados en el ámbito institucional no sólo no se corregirán, sino que se consolidarán, alejando cada vez más la posibilidad de disputar hegemonía y de presentarse como una opción creíble de gobierno.

En política no se gana por acumulación de actividad, sino por capacidad de ofrecer sentido, horizonte y conflicto.