Cada 25 de noviembre se repite la misma coreografía institucional, pero pocas veces se aborda la raíz de la violencia: la estructura que la sostiene.

Todos los 25 de noviembre se nos invita a mirar de frente la violencia que atraviesa la vida de miles de mujeres, no solo en nuestro país, en todo el mundo por el mero hecho de ser mujer. Una apelación que año tras año, se materializa de una manera u otra: desde perspectivas y actos que incluyen profundas reflexiones y comprometidas adhesiones a rituales anodinos cargados de absurdas coreografías institucionales que evitan personarse en las causas más profundas de esa violencia y funcionan, en la práctica, como un lavado de conciencia, un cumplir el expediente, antes de seguir rutina.

Hace unos días veíamos cómo se entendía la pobreza desde las diferentes orillas de la izquierda y la derecha de obligada lectura para disléxicos ideológicos que confunden los derechos con la limosna. La violencia de género es otro de estos elementos cuya concepción separa de forma nítida ambas orillas, un fenómeno con una profunda carga social y política, cuyas consecuencias no se limitan a un mero contador de víctimas que lamentar, sino que revelan con extrema crudeza qué tipo de sociedad estamos dispuestos a tolerar y el marco de desigualdad sobre el que seguimos construyendo lo cotidiano.

Y es precisamente en esa pregunta (qué sociedad estamos dispuestos a tolerar) donde la brecha entre izquierda y derecha se hace más evidente. Mientras que para la derecha la violencia de género suele presentarse como un problema grave, en ocasiones relegado al ámbito doméstico, para la izquierda constituye un fenómeno estructural cuyas consecuencias condicionan la organización misma de la vida social, perpetuando, día sí, día también, desigualdades y jerarquías de género profundamente arraigadas. La derecha niega esa raíz estructural y reduce la violencia a una cuestión de orden público o a un fallo del sistema que podría corregirse con más vigilancia, más protocolos y mayor coordinación institucional.

La vertiente desde la que se aproxime uno no es un asunto baladí. La violencia de género entendida como una violencia específica, que se dirige contra las mujeres por el hecho de serlo y que hunde sus raíces en la cultura del patriarcado (aunque suene manido el término), tal y como se aborda desde la izquierda obliga a acciones específicas, como leyes, cifras desagregadas y atención especializada. Generalizar el concepto tal y como hace la derecha cuando tiende a hablar de violencia doméstica o intrafamiliar, obliga a posicionar a todas las partes en el mismo plano como si fuese un conflicto privado y esto favorece los discursos que niegan la desigualdad estructural.

La visión de la izquierda encamina políticas que buscan transformar las estructuras de poder, repartir los cuidados, garantizar la igualdad desde la infancia que confrontan totalmente con la visión de la derecha centrada exclusivamente en las políticas paliativas que gestionan efectos sin alterar las causas, sin tocar los privilegios, perpetuando el orden social y la desigualdad que asegura querer corregir.

Frente a un enfoque emancipador de la izquierda articulado a través de la educación feminista, la crítica a los roles de género, la masculinidad hegemónica y la cultura de la pornografía, la derecha responde con un enfoque moralizante que tacha todo lo anterior de ideología de género, mientras promueve su propia visión reaccionaria y profundamente conservadora del mundo, del deseo y del orden social.

Todo lo anterior no es un ejercicio teórico, son las claves de lectura necesarias para analizar con rigor la moción presentada por el Partido Popular en el Ayuntamiento de Oviedo con motivo de este 25 de noviembre. Porque aunque el texto se reviste de solemnidad institucional, cifras oficiales y gestos de condena, lo cierto es que reproduce muchas de las limitaciones estructurales que ya hemos descrito: reduce la violencia a un problema de gestión, apela a la unidad sin asumir el conflicto social que la origina, y evita toda referencia a las raíces culturales, económicas y educativas que perpetúan el machismo. Y lo que no se nombra, no se combate.

Un texto que se limita a repetir una condena genérica, apelar a la unidad institucional y proponer más coordinación, más control, más seguimiento. Donde la violencia contra la mujer se trata como un problema de gestión, no como el síntoma de una estructura que requiere ser transformada. Lo que subyace es una fe tecnocrática que confía en el protocolo y en la burocracia para resolver lo que en realidad exige voluntad política, pedagogía social y transformación cultural.

Por todo ello, desde cualquier ángulo de la izquierda que se mire solo cabe un voto negativo a dicha proposición de la derecha. Porque lo que está en juego no es una redacción más o menos correcta, ni un gesto simbólico que rellene un expediente, sino la legitimación de una concepción del problema que desactiva su raíz estructural y lo reduce a mera gestión tecnocrática y burocrática. La violencia contra las mujeres no se combate con declaraciones neutras ni con protocolos bienintencionados, sino con compromisos valientes, políticas transformadoras y lenguajes que no teman llamar a las cosas por su nombre.

Votar, máxime en estas situaciones, no es un acto administrativo: es una toma de partido. Es marcar posiciones ideológicas y no acompañar hoy a los de la feria y mañana a los del mercado, traicionando la coherencia política incardinada, como el feminismo, en nuestro ADN.