Oviedo no carece de recursos para intervenir en vivienda. Carece de voluntad política para hacerlo.

El 7 de abril de 2026, una comisión judicial se presentó en un portal del barrio de Las Campas para ejecutar el desahucio de una familia que llevaba seis años viviendo allí. Una pareja y su hija de seis años, escolarizada en el barrio, abandonaron la vivienda ante la presencia de la policía. El Sindicato de Inquilinas denunció que el lanzamiento se ejecutó pese al informe de servicios sociales que acreditaba la vulnerabilidad de la menor. La escena duró poco más de una hora. Después, la familia dejó de tener una casa a la que volver.

El circuito institucional no garantizó una alternativa habitacional efectiva antes del lanzamiento. Nuestra ciudad carece de un parque municipal de vivienda pública: no construye, no gestiona, no adjudica. Los servicios sociales municipales son, según el consejero de Vivienda del Principado, «la puerta de entrada» para iniciar un expediente de urgencia. Pero esa puerta da a un pasillo administrativo que saca el problema de Oviedo y lo conduce a una instancia autonómica, cuyo problema es que la respuesta ordinaria disponible no está pensada para quienes acaban de caer por debajo del umbral administrativo de solvencia. Programas como Alquilámoste exigen ingresos acreditables entre 2 y 7,5 veces el IPREM; la emergencia social, en cambio, depende de un circuito municipal-autonómico lento, escaso y condicionado por disponibilidad real de vivienda. El municipio deriva. La responsabilidad no desaparece: se diluye. Y la dilución de la responsabilidad es, en política, la forma más sofisticada de exclusión y abandono.

Pero el desahucio de Las Campas ilumina solo la parte visible del iceberg. La parte invisible es más amplia y más silenciosa: está compuesta por quienes en Oviedo no pueden ser desahuciados porque ya lo están, ya que nunca llegaron a acceder a una vivienda. No figuran en ningún expediente judicial, no protagonizan concentraciones, no aparecen en la prensa. Son los desahuciados preventivos del mercado: expulsados antes de entrar.

Si atendemos a Idealista, el precio medio del alquiler en Oviedo pasó de 7,6 €/m² en marzo de 2021 a 11,1 €/m² en marzo de 2026, una subida aproximada del 46 % en cinco años. Hablamos de una tendencia sostenida de encarecimiento que sitúa el alquiler en Oviedo en máximos históricos. Este salto, cercano al 50 % en cinco años, sitúa a la ciudad entre los mercados de alquiler que más se encarecen en Asturias.

Un piso de dos habitaciones supera ya los setecientos euros mensuales en la mayoría de los barrios. Muchas familias en Oviedo destinan al alquiler y los suministros más del treinta por ciento de su renta, el umbral que ONU-Hábitat fija como límite de lo sostenible y que la Ley de Vivienda de 2023 adoptó como criterio para declarar zonas tensionadas. Al descender al terreno, según los datos difundidos por el Grupo Municipal Socialista, la tasa de esfuerzo se dispara al 43 % en La Tenderina y al 42 % en Ventanielles. La vivienda comienza a dejar de ser un gasto asumible. El perfil de quienes quedan fuera es conocido: familias monoparentales, hogares jóvenes, mujeres solas con hijos a cargo. La brecha salarial de género, que en otros contextos parece un dato abstracto, tiene aquí una traducción material. En Oviedo, además, ser mujer aumenta la probabilidad de no tener dónde vivir.

La oferta, mientras tanto, se contrae por tres flancos simultáneos. El INE contabiliza en Oviedo en torno a un 7,3 % de viviendas vacías. Si se incorporan viviendas de uso esporádico o bajo consumo, el volumen de parque residencial infrautilizado aumenta notablemente. A ello se suma la presión del alojamiento turístico, que compite por inmuebles aptos para uso residencial y desplaza capacidad habitacional hacia usos de rentabilidad más alta. En el casco antiguo, según los datos disponibles en el debate municipal sobre vivienda, la oferta turística alcanza ya cuatro plazas por cada diez habitantes y el centro acumula una presión comparable. Son viviendas que se retiran del mercado residencial para servir al turístico. El Ayuntamiento rechazó en pleno suspender la concesión de nuevas licencias turísticas y se negó a solicitar la declaración de zona tensionada, a pesar de que la propia consejería de Vivienda había identificado barrios de la ciudad que cumplen sobradamente los criterios legales. Gijón, Avilés e incluso concejos rurales como Cabrales entran en el mapa de intervención. Oviedo, la capital del Principado, queda fuera. No es que no tenga problema de vivienda, es que ha decidido no nombrarlo.

El resultado es una ciudad que se segrega en silencio, donde los barrios con mayor presión de alquiler coinciden con los de rentas más bajas. Las familias de las zonas populares pagan la paradoja de un mercado inmobiliario roto.

La izquierda municipal diagnostica el problema con una precisión que el equipo de gobierno ni siquiera intenta, pero tampoco ha conseguido desenmascarar el relato y mover el marco de explicación. Tiene los mejores datos de la ciudad: ha publicado los mapas de vivienda vacía por barrio, ha calculado las tasas de esfuerzo calle a calle, ha exigido la declaración de zona tensionada, la regulación de las viviendas turísticas, la creación de una agencia municipal. Pero incluso sus propuestas más ambiciosas guardan la misma lógica de la derecha: trasladar el problema para que la solución venga de afuera. «Coordinación con el Principado y el Estado», cesión de suelo a otra administración, solicitud de fondos europeos. La mayor operación urbanística de las últimas décadas en Oviedo, el convenio de La Vega, que prevé un importante volumen de vivienda protegida en terrenos de titularidad pública, fue apoyada por todos los partidos de izquierda y es también el ejemplo más nítido de esa lógica: la ejecución queda vinculada a varias administraciones y el Ayuntamiento asume sobre todo el papel de administración urbanística actuante. Incluso cuando la vivienda aparece en el centro del proyecto, la ciudad no construye un instrumento propio, sino que se integra en una arquitectura institucional ajena.

Ninguna fuerza ha presentado todavía una memoria económica, calendario y estructura administrativa suficientes para crear un parque municipal propio, financiado y gestionado directamente por el Ayuntamiento, sin depender de la voluntad ni del calendario de ninguna otra institución. El acuerdo de IU con el equipo de gobierno para trescientas viviendas, condición para aprobar los presupuestos, no resuelve el problema: lo externaliza. Y le proporciona al gobierno municipal algo más valioso que las cuentas: la coartada de que ya se está haciendo algo en materia de vivienda.

Las herramientas existen. La Ley de Vivienda permite solicitar la declaración de zona tensionada. El marco urbanístico, turístico y de vivienda permite ordenar o suspender cautelarmente nuevas autorizaciones de uso turístico mientras se planifica su impacto residencial. El ordenamiento faculta a los municipios para aplicar recargos del IBI a viviendas desocupadas, para ejercer el tanteo y retracto, para construir y gestionar parque propio. Oviedo no ha ejercido ninguna de estas competencias que alterarían de forma directa y efectiva la lógica del mercado residencial. No se trata de incapacidad: se trata de un equipo de gobierno para el que la vivienda no es un derecho que deba garantizarse, sino un mercado que no debe interferirse. Y de una ciudad en la que ni siquiera quienes tienen el diagnóstico correcto han encontrado la manera de convertirlo en un instrumento municipal que no dependa de nadie más. No es que Oviedo no pueda resolver su problema de vivienda. Es que nadie en Oviedo ha decidido todavía que sea Oviedo quien lleve la iniciativa para resolverlo.