Cuando la transición ecológica limpia el centro sin corregir el acceso desigual a sus servicios, el perímetro deja de ser solo ambiental y empieza a funcionar también como frontera social.

En la Edad Media las fronteras urbanas se trazaban levantando muros, a golpe de cantero. Más tarde, antes de la era digital, pasaron a diseñarse con regla y cartabón, tinta sobre papel.

En Oviedo, la vieja lógica de la muralla encontró una prolongación moderna en la reconstrucción de posguerra. El plan de urbanización de Germán Valentín Gamazo ordenó el crecimiento de la ciudad conforme a los presupuestos ideológicos del régimen: la cabecera representativa reservada para un Gran Oviedín del alma burgués, los sectores populares y obreros desplazados hacia la periferia, dejando una huella morfológica y social que aún no ha cicatrizado.

Hoy, en plena era digital, las fronteras urbanas ya no se levantan en piedra ni se dibujan solo sobre planos: se trazan con cámaras de vigilancia, etiquetas ambientales y perímetros regulados. Cambian los instrumentos, pero no la pregunta de fondo. La decisión sobre qué partes de una ciudad merecen centralidad, inversión, prestigio y servicios, y cuáles quedan subordinadas a ese centro, tiene raíces largas en una historia de segregación urbana que Oviedo conoce bien.

La ZBE, en Oviedo, no nace en el vacío. Llega a una ciudad que ya sabía separar. Y, si no se corrige, corre el riesgo de consolidar una vieja desigualdad con modales nuevos y bajo el lenguaje impecable de la transición ecológica. Precisamente por eso, la crítica no puede consistir en negar la finalidad ambiental de la medida, sino en señalar su ceguera social.

Una ciudad no distribuye solo contaminación, tráfico o ruido: distribuye también accesibilidad. Decide quién llega fácil, quién llega tarde, quién paga por llegar y quién, sencillamente, comienza a calcular si el acceso al centro le sale o no a cuenta. Y ahí es donde la ZBE de Oviedo empieza a revelar algo más importante que su perímetro: qué idea de ciudad subyace a su diseño. Porque cuando el centro urbano concentra funciones públicas, administrativas, sanitarias, culturales y profesionales, restringir el acceso a ese centro no afecta únicamente al consumo recreativo o al paseo ocasional. Afecta al modo efectivo en que distintos grupos sociales pueden ejercer su relación cotidiana con la ciudad.

Que el Ayuntamiento, la Seguridad Social, Hacienda, los equipamientos culturales y servicios sanitarios relevantes como las urgencias en la Lila o las farmacias 24 horas, sigan muy concentrados en el área central no es un detalle colateral: es el corazón del problema. La ZBE deja de operar sólo como política de salud urbana y pasa a funcionar también como filtro social del derecho a la ciudad.

Una ZBE mal diseñada socializa de forma desigual sus efectos. Los beneficios simbólicos y materiales de un centro más limpio, más amable y más ordenado recaen sobre quienes ya disfrutan con más facilidad de su centralidad, mientras que una parte relevante de los costes de adaptación se desplaza hacia quienes viven peor conectados, dependen de vehículos más antiguos o tienen menos margen económico para pagar la excepción. Cuando eso ocurre, la política ambiental deja de ser una ampliación de derechos y empieza a parecerse a una redistribución invertida: aire más limpio para unos, más obstáculos de acceso para otros. El perímetro de la ZBE no es solo una línea de control de emisiones: es también una línea de clase.

Y la paradoja puede ser todavía mayor si la ciudad limpia su centro sin corregir con la misma intensidad otros focos históricos de exposición ambiental en los barrios populares. Entonces la política no elimina la desigualdad ecológica: simplemente la reordena y la hace más aceptable visualmente.

La oposición se equivoca cuando responde a este problema poniendo el foco exclusivamente en lo ecológico y planteando un endurecimiento lineal de las restricciones, como por ejemplo “limitar el acceso de vehículos con distintivo B en 2026 (anillo interior) y en 2028 (anillo exterior)”, cuando lo evidentemente prioritario es incorporar antes una arquitectura de justicia social. Eso no corrige la ceguera distributiva de la ZBE: la agrava. Endurecer el perímetro sin garantizar alternativas materiales de acceso no hace la política más justa, solo hace más amplia la población castigada por ella.

Frente a esto, tanto la izquierda que presume de genuina, como la que blanquea el pragmatismo institucional deberían apuntar sus demandas hacia otro lugar: una cláusula social de acceso para servicios esenciales, parking bonificado o validado para citas médicas y trámites públicos, un plan compensatorio de movilidad para los barrios, la evaluación del impacto distributivo por barrio y renta, y ayudas de adaptación dirigidas a hogares vulnerables y pequeños autónomos. Sin esa arquitectura, la transición ecológica corre el riesgo de convertirse en una política ambiental correcta en sus fines y regresiva en sus efectos.

Pero la responsabilidad no se agota en quien propone endurecer lo que ya excluye. Hay otra forma de participar en una injusticia: mirar hacia otro lado en el momento en que todavía era posible corregirla.

Las fuerzas de izquierda locales han gestionado la ZBE con la lógica característica de quien ha sustituido el lenguaje de clase por el lenguaje de la transición ecológica. Hablan de emisiones donde deberían hablar también de renta. Celebran el perímetro limpio sin preguntar quién paga la limpieza. Y cuando se tuvo la oportunidad formal de introducir correcciones, de forzar que la política ambiental incorporara una arquitectura de justicia social, se prefirió no usarla. No hubo alegaciones. No hubo enmienda. Hubo abstención.

La abstención no es una posición neutral: es una elección. Significa que el diseño actual de la ZBE, con todo lo que incluye y todo lo que omite, contó con la aquiescencia de quienes deberían haber sido su corrección más exigente. Eso no es greenwashing accidental: es la forma en que una izquierda que ya no se incomoda con el statu quo gestiona las políticas progresistas de escaparate. Asume los símbolos de la modernidad ecológica y delega silenciosamente los costes en quienes menos pueden asumirlos.

Una izquierda que presume de genuina no puede permitirse esa comodidad. Porque cuando la política ambiental reproduce la desigualdad que dice combatir, el silencio no es prudencia: es complicidad con modales verdes.

La historia urbana de Oviedo enseña que las fronteras no desaparecen: se actualizan. Lo que cambia es el material con el que se construyen y el lenguaje con el que se justifican. Piedra, tinta, hormigón, código normativo. En cada momento, el instrumento técnico lleva dentro una decisión política sobre quién pertenece al centro y quién queda al margen.

La ZBE podría haber sido una oportunidad para romper esa lógica: una política que, al limpiar el aire del centro, corrigiera también la distribución histórica del acceso, los servicios y la movilidad. Esa ZBE habría merecido otro debate. Pero la que existe llega sin que nadie en la izquierda haya peleado de forma efectiva una cláusula social de acceso, un plan compensatorio de movilidad para los barrios, ni una evaluación del impacto distributivo por renta. Llega, en definitiva, sin haberse preguntado con seriedad quién paga lo que no aparece en las ordenanzas.

Una ciudad justa no es solo una ciudad limpia: es una ciudad accesible. Esa es la deuda que nuestra izquierda tiene pendiente con los barrios, no la pugna por el abecedario de los distintivos. Es un problema político, y exige una respuesta política. Mientras no se formule en voz alta y con consecuencias reales, el perímetro seguirá siendo lo que ya es: una frontera con etiqueta ecológica.