Año I • Edición No. 1lunes, 31 de agosto de 2026

LA ESCANDALERA

Análisis, teoría política y pensamiento contemporáneo

Urbanismo de consenso ilustrado

Por Roberto Pérez Pastor6 de abril de 20265 min de lectura

Hay una forma de pensar la ciudad que habla como si quisiera transformarla, pero solo aspira a hacerla más decorosa para quienes ya mandan en ella. La desigualdad no desaparece: se vuelve más elegante

Hay textos que no nacen para transformar la ciudad, sino para hacerla decente a los ojos de quienes ya mandan en ella. No vienen a discutir sus jerarquías, sino a barnizarlas. No vienen a preguntar quién gana y quién pierde con cada operación urbanística, sino a rebajar el conflicto hasta volverlo administrable. No vienen a impugnar la desigualdad urbana, sino a envolverla en palabras nobles: equilibrio, convivencia, sostenibilidad, modernidad, sensatez.

Es una forma de hacer política urbana que resulta difícil de combatir porque, en apariencia, no se puede estar en contra de ella. Habla de sostenibilidad, de zonas verdes, de vivienda de calidad, de perspectiva de género incorcopiada “de forma transversal”. Es amable, técnica, bien redactada. Y es precisamente por eso, profundamente conservadora.

A esa forma de mirar la ciudad conviene llamarla por su nombre: urbanismo de consenso ilustrado. Un urbanismo que se presenta como progresista en el lenguaje y como liberal en los resultados. Se redacta desde el vocabulario de la competitividad urbana, no desde el de la justicia urbana. La diferencia no es estética: es política. Y no es casualidad que suene tan familiar, lo lleva usando la derecha modernizada desde hace décadas, con el mejor packaging y la peor conciencia de clase.

Un urbanismo socialista no busca el consenso entre el propietario del suelo y quien no puede acceder a él: toma partido. Define que el derecho a habitar una ciudad digna es superior al derecho a especular con el suelo de esa ciudad. Y construye los instrumentos jurídicos, fiscales y urbanísticos para que esa jerarquía se materialice.

Cuando se habla de ciudad amable, pero se deja en el tintero la ciudad desigual; se habla de convivencia, pero se deja en el tintero el conflicto distributivo; se habla de seguridad jurídica, pero se deja en el tintero la inseguridad habitacional; se habla de integración, pero se deja en el tintero la especulación que expulsa, encarece y jerarquiza el territorio; se habla de transición ecológica, pero se deja en el tintero quién paga sus costes y quién captura sus beneficios; se habla de movilidad, pero se deja en el tintero el derecho efectivo de acceso; se habla de participación, pero se deja en el tintero el poder vecinal; se habla de perspectiva de género, pero se deja en el tintero los cuidados, los tiempos, la seguridad cotidiana y la accesibilidad real… lo que se está haciendo no es urbanismo progresista. Es urbanismo decorativo con vocabulario prestado de la izquierda.

Eso tiene un coste político concreto: legitima el orden existente con el lenguaje de quien debería estar impugnándolo. Desactiva la demanda de cambio estructural. Convierte a la izquierda en gestora competente de un modelo que tendría que estar cuestionando desde sus cimientos.

El urbanismo socialista no es una versión mejorada de lo mismo. No es la misma ciudad, pero con más árboles. No es el mismo modelo, pero con mejor diseño. Es una ruptura con la lógica que produce la ciudad injusta: la lógica que convierte el suelo en activo financiero, la vivienda en mercancía y el espacio público en escaparate. Y esa ruptura tiene contenido concreto.

No puede dejar fuera la vivienda como derecho. No como aspiración sino como exigencia operativa: captación de viviendas vacías con objetivo social, parque público significativo y blindado frente a la privatización, oficina municipal de vivienda, alquiler asequible, apoyo a modelos no especulativos como el cohousing. Cuando un discurso urbano desplaza todo eso a la periferia del argumento, no está siendo elegante ni moderado. Está tomando partido. El de siempre.

No puede dejar fuera la redistribución territorial. Porque no basta con embellecer, pacificar o renaturalizar el centro si las brechas entre barrios, la segregación socioespacial y el acceso desigual a servicios y equipamientos siguen intactos. Una ciudad limpia puede seguir siendo una ciudad injusta. Una ciudad amable puede seguir siendo una ciudad clasista. Una ciudad ordenada puede seguir distribuyendo mal sus tiempos, sus recursos y sus oportunidades. El urbanismo progresista no empieza por los espacios que ya resultan rentables: empieza por los barrios que el mercado abandona.

No puede dejar fuera la perspectiva de género real. No la de una coletilla al final del documento, sino la de una ciudad pensada desde los cuidados, desde la seguridad cotidiana, desde la accesibilidad, desde el reparto desigual de tiempos y cargas. Cuando un discurso invoca la igualdad pero no altera el modo en que se diseñan recorridos, accesos, servicios y espacios, no está integrando la perspectiva de género. La está neutralizando.

No puede dejar fuera la dimensión democrática. Porque una ciudad no se democratiza porque un documento esté bien escrito o una propuesta suene razonable. Se democratiza cuando el poder de decidir sobre ella deja de estar blindado en favor de quienes siempre tuvieron más recursos, más propiedad, más centralidad y más capacidad de imponer su visión. Sin conflicto real, sin participación efectiva, sin poder vecinal, el urbanismo se vuelve pedagogía de la resignación.

Y no puede dejar fuera la relación entre ciudad y clase. Eso que el consenso ilustrado considera de mal gusto nombrar sigue organizando el territorio con una eficacia intacta. La ciudad sigue premiando de forma desigual. Sigue acercando más a unos que a otros. Sigue encareciendo unas vidas y facilitando otras. Sigue repartiendo centralidad, tiempo y acceso según renta, barrio y posición de partida. Un urbanismo que no entre ahí podrá ser correcto, técnico, incluso brillante en sus formas. Pero no será progresista en ningún sentido serio del término.

El urbanismo no se juzga por sus intenciones. Se juzga por a quién defiende cuando hay que elegir, qué intereses protege cuando entran en conflicto, y qué preguntas decide no hacerse para no incomodar a nadie.

Un urbanismo que no nombra al adversario no es neutral. Es cómplice con mejores modales.

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