Deberíamos tener claro desde todas las orillas de la vida la necesidad de apostar y consolidar unos servicios públicos de calidad.

Una sanidad pública y universal garantiza que todas las personas con independencia de su nivel socioeconómico, origen o condición laboral tengan acceso a los servicios de salud, reduciendo las desigualdades y promoviendo la equidad en el cuidado sanitario, sin regateos.

Cualquier argumento que se esgrima en contra de esta afirmación, de este objetivo que debemos tener todos como prioritario, se desmonta con la evidencia de la práctica diaria mercantil, no sanitaria, de estas empresas que protagonizan titulares como los de estos días.

El desahucio sanitario de los funcionarios de la sanidad privada sorprende porque son muchos los damnificados; pero es una práctica constante y diaria por parte de estas empresas: franquicias, exclusión de coberturas, subidas de la prima con la edad o con «con los siniestros» como con los coches y finalmente cuando no eres rentable o no puedes pagar: la exclusión del servicio, el desahucio.



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